La historia política reciente del país es la historia de un gobierno que está perdiendo el rumbo y que ha deslizado a la sociedad hacia la inestabilidad y la incertidumbre. La sensación de impotencia es tan creciente como creciente es la falta de confianza ciudadana en las autoridades para combatir la impunidad y la corrupción. A pesar de que los voceros oficiales se empeñan en presumir información sobre los avances contra el crimen organizado, el ánimo y la percepción pública es totalmente distinta de lo que sucede en el país. En pocas ocasiones hemos estado tan expuestos como ahora a los embates de la delincuencia y la inoperancia de las instituciones encargadas de la justicia y seguridad pública.
Como prueba del avance contra las bandas criminales, las autoridades han detenido a cerca de 60 mil personas relacionadas con el crimen organizado, han incautado toneladas de cocaína, medios de transporte, ranchos y propiedades, armamento y fabulosas cantidades de dinero en efectivo. Sin embargo, a pesar del despliegue de 50 mil efectivos en todo el país, la violencia en lugar de disminuir ha aumentado indiscriminadamente y cada vez es más frecuente el atropello oficial a los derechos humanos. La utilización de las fuerzas federales está generando mayor violencia y provocando que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida.
La iniciativa de Calderón de involucrar al ejército en la lucha contra el narcotráfico levantó algunas advertencias en el país, ya que según sus críticos, esta decisión podría poner en riesgo la credibilidad en el ejército, someterlo a un desgate inútil y aumentar las violaciones a los derechos humanos. En julio del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que, entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, las fuerzas armadas habían incurrido en violaciones a los derechos humanos contra la población civil en operativos realizados para combatir al crimen organizado.
Por lo mismo, no se ve con claridad hasta qué punto el gobierno de Calderón pueda atenuar los efectos corrosivos del negocio de las drogas ilegales y combatir con éxito el enorme poder destructivo del crimen organizado. Decidió combatir en la calle a la delincuencia, pero hace muy poco en adoptar medidas más radicales como el control de las fronteras, cerrar los canales de lavado de dinero e identificar a los verdaderos ejecutivos y jefes de este negocio tan lucrativo. Las cuantiosas transferencias financieras provenientes del narcotráfico requieren de técnicas especiales y conexiones gubernamentales, especialmente con autoridades hacendarias; pero aquí no sucede absolutamente nada. Da la impresión que la estrategia del gobierno no está funcionando, como parecen indicarlo los miles de muertos y el flujo incesante de la droga en los espacios públicos, lo cual hace que los efectos del narcotráfico amenacen la gobernabilidad del país y las base institucionales del Estado mexicano.
El negocio de las drogas ilegales, fue fomentado y estimulado desde hace muchas décadas por el antiguo régimen, cuando el PRI ejercía el poder de forma absoluta. De las entrañas mismas de las esferas oficiales, políticos, gobernadores, diputados, jueces, cuerpos policíacos y hasta algunos miembros de las fuerzas armadas se dejaron seducir por el narcotráfico. El soborno, la corrupción y la impunidad fueron y son los mejores alicientes para el fortalecimiento y expansión de la criminalidad. Las bandas organizadas pueden ordenar ejecuciones a quienes se les oponen, tienen los recursos para ganar adeptos e incluso crear bases de apoyo entre los sectores más empobrecidos de la sociedad, pero también pueden promover, auspiciar y consagrar a quienes los favorezcan desde posiciones gubernamentales.
Los gobernantes están obligados a respetar la ley y actuar con responsabilidad en la toma de decisiones y el régimen de Calderón requiere soluciones más radicales en el corto plazo que vallan más allá de los combates callejeros contra la delincuencia; de no ser así, las consecuencias para el país y la sociedad en su conjunto serán más graves y difíciles de revertir. Por ejemplo, en las instancias judiciales, según fuentes oficiales, existen más o menos 3500 denuncias sobre actos de soborno, corrupción y complicidad de algunos políticos, gobernadores, funcionarios federales y hombres de empresa con el narcotráfico. Pero en ninguno de los casos, estos vínculos son investigados por las autoridades.
