En los días 5, 10 y 11 de marzo del año en curso, el afamado periodista Ricardo Rocha publico en su columna “Detrás de la Noticia” del periódico El Universal, la historia de la señora Jacinta Francisco Marcial, recluida en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Querétaro, donde deberá purgar una condena de 21 años de prisión por el delito de secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Doña Jacinta, mujer indígena otomí, con 46 años de edad y madre de familia, es originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, un poblado de aproximadamente tres mil habitantes. El día domingo del 26 de marzo de 2006, junto con su esposo y su hija Estela, llegó al tianguis que se instala semanalmente en la comunidad con el fin de vender aguas frescas a los parroquianos que acuden cada semana a recibir los servicios religiosos de la iglesia local. A medio día, las campanas repicaron por tercera ocasión y, como es costumbre, la señora abandonó momentáneamente su puesto de aguas frescas para acudir a misa. Doña Jacinta es miembro de la congregación religiosa y regularmente realizaba actividad pastoral entre los miembros de su etnia, asistiendo particularmente a los enfermos.
Minutos antes de que concluyera la ceremonia religiosa, seis agentes de la AFI sin portar identificación, uniforme y sin oficio que amparara su proceder, hicieron acto de presencia en la plaza central de la comunidad y con amenazas empezaron a despojar violentamente a los comerciantes de sus modestas pertenencias, argumentando que se trataba de mercancía pirata. Comerciantes y pobladores, enardecidos por los abusos, rápidamente rodearon y sometieron a los policías, exigiéndoles al mismo tiempo, la reparación con dinero por los daños causados a sus bienes. Como aquellos se negaban a pagar, la tensión iba en aumento y la amenaza de linchamiento hizo que el agente del Ministerio Público Federal y el jefe regional de la AFI acudieran a dialogar con los indignados comerciantes, los cuales lograron que las autoridades federales se comprometieran a pagar los daños causados por sus agentes. A cambio, cinco “afis” fueron liberados, quedando uno de ellos como “prenda de garantía” hasta que las autoridades cumplieran con su compromiso. El incidente concluyó a las siete de la tarde de aquel día con el pago en efectivo a los agraviados. Parecía que todo había concluido sin nada que lamentar y que la normalidad regresaba al poblado. Pero los habitantes y la señora Jacinta ignoraban los afanes revanchistas de los federales.
Cuando termino la misa dominical, Doña Jacinta se dirigió inmediatamente del atrio a su puesto, ignorando por completo los sucesos que habían ocurrido momentos antes; solo se percato del hecho cuando escucho lo que decía la gente “…que habían llegado unos señores a llevar los discos…”. Pero como dice ella, no hizo caso y permaneció en su negocio a la espera de la llegada de su hija, que más tarde la acompañaría a la farmacia del pueblo para aplicarse una inyección. Madre e hija acudieron a la farmacia y ya de regreso se acercaron al grupo de gentes que discutía acaloradamente con los policías retenidos. En ese instante, según relata Ricardo Rocha, un fotógrafo de un diario local, le tomó una fotografía a Jacinta donde aparece “asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo…”. Dicha foto fue presentada por la PGR ante el Ministerio Público Federal como prueba de la participación y secuestro de la señora contra los agentes federales. Con engaños fue trasladada a la ciudad de Querétaro y obligada a firmar documentos que no entendía porque no habla el idioma español. Finalmente, el acto de felonía fue consumado por el juez al dictarle una sentencia de 21 años de cárcel por el secuestro de los policías.
A pesar de que amigos, vecinos y organizaciones civiles de derechos humanos han presentado pruebas testimoniales que demuestran la inocencia de la señora Jacinta, las autoridades se niegan a reconsiderar el proceso judicial, que por otra parte, está plagado de errores e inconsistencias. Este caso, como muchos otros, no es un fenómeno aislado de injusticia y abuso de autoridad; por el contrario, es parte de la realidad actual del país, de una creciente y sistemática violación de los derechos humanos, cuyo único responsable es el gobierno panista de Felipe Calderón. El derecho de los acusados a un proceso transparente, la prohibición de la tortura, la discriminación, la igualdad ante la ley y la anulación de las detenciones arbitrarias, por mencionar algunos derechos civiles básicos, no son respetados por quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley y la justicia. El constante abuso de las autoridades contra sectores de la población es más frecuente en los grupos vulnerables como la población infantil, las mujeres y los núcleos indígenas de nuestro país. Como dice Ricardo Rocha, la señora Jacinta fue condenada por una autoridad banal y corrupta, que actúa abiertamente bajo la bandera de la impunidad y complicidad con el más fuerte. Doña Jacinta fue condenada “por ser mujer, indígena y pobre”.
Aunque el daño está hecho, esperemos que las presiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU, de la OEA y los grupos solidarios del país puedan revertir el proceso judicial para que Doña Jacinta recupere pronto su libertad y regrese con los suyos: esposo, hijos y nietos.
