¿Quién ordenó su ejecución? Para doña Josefina Reyes Salazar, activista social y defensora de los Derechos Humanos no hubo tregua en las fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo. Sus verdugos ya la habían amenazado de muerte tras denunciar y documentar los abusos de autoridad y violación a las garantías individuales con motivo de la llegada de las fuerzas militares a Ciudad Juárez, Chihuahua.
Como lo atestiguaron los medios informativos, el pasado 3 de enero de 2010, fue arteramente acribilladla a plena luz del día por un comando armado a la entrada de un negocio de venta de barbacoa en la colonia el Sauzal en Ciudad Juárez. La versión periodística de la revista Proceso (11/01/2010) relata que fue baleada por hombres que en un principio trataron de secuestrarla cuando se detuvo a comprar barbacoa sobre la carretera rumbo al Valle de Juárez. “Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones”, le espetó uno de los hombres que trató de llevársela por la fuerza. Según testigos, ella respondió: “No, pero de aquí no me llevan viva”. Acto seguido, la víctima recibió cinco balazos en pleno rostro que terminaron con su vida.
Los altos niveles de criminalidad que registra la ciudad fronteriza son cada vez más alarmantes. Aquí, la crueldad ya rebasó todos los límites posibles. No termina la violencia que ahora cobra víctimas entre la población inocente y nadie, empezado por la autoridad, parece poner fin al clima de impunidad. Con el homicidio de Josefina Reyes Salazar, suman seis asesinatos de personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos en Chihuahua desde que comenzaron las operaciones del ejército contra la delincuencia organizada.
En vida, la señora Josefina padeció presiones y hostigamiento de las fuerzas del orden, su casa fue cateada varias veces sin orden judicial y en 2008, participó en una huelga de hambre para demandar el esclarecimiento del asesinato de su hijo Julio César y la presentación de su otro hijo, Miguel Ángel Reyes, “levantado” en agosto de 2008. Este último se encuentra actualmente recluido en Matamoros, Tamaulipas, acusado del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Fue arrestado presuntamente por ser narcotraficante y guardaespaldas de un poderoso traficante de drogas que opera en los Estados Unidos.
Amnistía Internacional ha documentado algunos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas federales. El organismo internacional expresó que desde 2007, el país ha experimentado una ola de violencia que va en aumento relacionada con los cárteles de la droga, particularmente en Ciudad Juárez, la zona más afectada por la delincuencia. A pesar del despliegue de miles de policías federales y fuerzas militares, los niveles de violencia no se han reducido. De 2006 a 2009 las demandas por abuso cometidas por la autoridad, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cateos a domicilios, tortura e incluso homicidios extrajudiciales han aumentado seis veces.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la señora Josefina y demandó a las autoridades una investigación exhaustiva para lograr la captura y castigo de los responsables. Sin embargo, ya casi se cumple un mes y no hay avances sustanciales en la investigación. Lo único cierto es que los autores de este homicidio permanecen impunes. De no aclararse el caso, sostiene la CNDH, “se proyecta una perniciosa sombra de amenaza contra todos los defensores de los derechos humanos y contra todas aquellas personas que impulsan, con la ley en la mano, el avance de la justicia y el imperio de la legalidad en nuestro país”
