Hace unos días se presentó un programa de seguridad pública denominado Modelo Coahuila. Según la información difundida, consiste en que militares retirados estén a cargo de las corporaciones policiales; y en una red de información militarizada. Los objetivos, declarados, son la profesionalización y la eficiencia en la prevención y combate del delito; así como terminar con la corrupción policial.
Es de temer que esos programas se estén imponiendo a los gobernadores para la militarización del país y la centralización del poder. De ser eso cierto, los gobernadores estarían presionados por la amenaza velada de ser inculpados de proteger al narcotráfico si no cooperan con esa estrategia; así como por el reclamo ciudadano para que utilicen la fuerza en contra de la violencia. El proceso para establecer legalmente un régimen autoritario está presente. Los Estados autoritarios se caracterizan por un gobierno centralizado, policial y opresivo que reduce o anula los derechos humanos.
El Ejecutivo Federal declaró la guerra al narcotráfico, según el consenso generalizado, como una reacción para obtener la aprobación popular; o quizás como tentación autoritaria. Se movilizó al Ejército y se reformó la Constitución para centralizar la planeación, dirección y financiamiento de la seguridad pública a través de Secretaria de Seguridad y de las Fuerzas Armadas; y para establecer, en materia de delincuencia organizada, el arraigo, la prisión antes y durante el juicio, la confidencialidad de víctimas y testigos, el acceso a información reservada y la extinción de dominio.
Las acciones políticas y sociales visibles que responden a esa tentación latente son el deseo del Ejecutivo Federal para que el PAN actué como partido de Estado; evitar a toda costa la alternancia en la presidencia; los ataques sistemáticos al federalismo; la promoción de una ideología y estructura social fundamentalistas, mediante la censura continúa a la diversidad de pensamiento y a la vida privada.
El autoritarismo, presente en la seguridad pública, amenaza con trascender a la vida política y social. Se idealizan los sistemas unitarios y verticales. Alonso Lujambio le dijo a Carmén Aristegui: “Creo que la estructura municipal no ayuda. Hay demasiadas policías. Si fuéramos un régimen unitario como el francés sería mucho más vertical”.
Es importante valorar lo dicho por el General Guillermo Galván: “A nadie le conviene que la guerra contra el narcotráfico se prolongue indefinidamente”. Esperemos que sea escuchado y se cambie la estrategia para alcanzar la paz, antes de que la militarización desemboque en un régimen autoritario y opresivo.
