Hay días en que México sufre de embotamiento por la tensión y el desaliento ante la falta de explicaciones cabales sobre la estrategia y los objetivos de la guerra; la falta de pronósticos razonables acerca del final y los resultados; y sobre todo por el miedo cerval. El lunes pasado ese entorpecimiento fue perturbado de manera brutal con el homicidio de Rodolfo Torre Cantú. Ese asesinato ha exacerbado los ánimos y al mismo tiempo ha recrudecido el sentimiento de indefensión.
La perdida de la paz tiene muchas explicaciones, entre todas destacan la tolerancia, o la impotencia ante la delincuencia de los gobiernos anteriores; y que el actual régimen haya desatado la guerra por motivaciones políticas. Es sabido que determinar un enemigo común y convocar a combatirlo legitima y fortalece el poder público; y es una gran fuerza de cohesión que une a la mayoría en torno a un objetivo específico. El miedo al enemigo y la cohesión social permiten establecer y operar prácticas autoritarias que facilitan el ejercicio de gobierno y posibilitan la continuidad del régimen gobernante.
En el país se han cumplido puntualmente esos postulados. El gobierno federal los ha utilizado; con ellos ha colocado a los gobernadores y a los presidentes municipales en el banquillo de los acusados, así las autoridades que no están a su favor se presumen aliados de la delincuencia; las garantías individuales se restringieron; se escindió el derecho penal, convirtiendo una de sus vertientes en un sistema inquisitorial; y está en proceso la transformación de la procuración y administración de justicia para asimilarlas a las de los EUA.
El homicidio del Dr. Torre Cantú ha crispado la atmosfera nacional. El oportunismo desbocado, los ataques mutuos y la falta de autocrítica y asunción de las culpas propias, amenazan con romper el precario equilibrio político. Además, en medio de esa tormenta las voces interesadas en el autoritarismo y la continuación del actual régimen de gobierno azuzan el clamor popular, para que exija mano fuerte, más dureza en las leyes, más contundencia e inmediatez policial; y naturalmente menos consideraciones a los derechos humanos.
En medio de ese torbellino, la mayoría, aun quienes pensamos que la criminalidad puede y debe combatirse respetando el Estado de Derecho, estamos abatidos y resignándonos a pagar con el sacrificio de las libertades el precio de la paz. El precio es el autoritarismo; el uso político del miedo; la extinción de las garantías individuales; la politización de las Fuerzas Armadas; y el establecimiento de la policía nacional única: inútil frente al crimen pero eficaz para el control político; o bien la descomposición social total.
Ojalá, antes que eso suceda los actores políticos, económicos y sociales renuncien a sus intereses y se forme una alianza nacional y un gobierno plural cuyo único objetivo sea la salvación de México.


